Muchos damnificados aseguran haber pagado sumas significativas por casas que nunca fueron entregadas. La Justicia provincial ya falló a favor de una clienta, condenando a la empresa al pago de una indemnización por daño punitivo, al considerar que los acuerdos eran abusivos y la información proporcionada, imprecisa.
Una reconocida empresa desarrollista de Córdoba, Márquez y Asociados, enfrenta una creciente ola de reclamos judiciales por parte de numerosos clientes que denuncian retrasos e incumplimientos en la construcción de sus viviendas.
Ante el aumento de denuncias, se presentaron reclamos ante Defensa del Consumidor y se promovieron acciones penales por presunta estafa y asociación ilícita. La Fiscalía General evalúa unificar las causas bajo la órbita de Delitos Complejos.
El abogado Rubén Sánchez Quinteros, patrocinante de varias presuntas víctimas, denuncia la publicidad engañosa de la empresa sobre obras paralizadas y la difusión de mensajes falsos en redes sociales.
Mientras tanto, en el ámbito corporativo, circulan especulaciones sobre un posible concurso preventivo de acreedores o incluso quiebra. Trascendió que empleados de la firma reclaman salarios y aguinaldos adeudados, e incluso se mencionó la implementación de retiros voluntarios.
Fuentes cercanas a la investigación advierten sobre la posible existencia de un esquema financiero tipo Ponzi, donde los aportes de nuevos clientes financian a los inversores más antiguos, un modelo que colapsa si no hay ingresos frescos suficientes.
Si bien la empresa asegura haber entregado más de 1.500 viviendas en 2024, se estima que existen 30.000 clientes activos en espera, lo que implicaría hasta 20 años de demora en las entregas si se mantiene el ritmo actual de construcción, muy por encima de los plazos originalmente prometidos.