Con los incendios ya superados en Córdoba y en plena etapa de reparación de daños, la Cámara de Diputados de la Nación avanzó este miércoles con un proyecto de ley motorizado por el gobernador Martín Llaryora para aumentar las penas contra quienes cometan este tipo de desastres ambientales, aunque seguirán siendo excarcelables.
Julio Aguirre, el hombre detenido por los incendios en San Esteban, negó las acusaciones. Se le acusa de provocar un incendio en Córdoba, pero él desmintió los hechos y afirmó que todo fue “un montaje”.
La iniciativa, que modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Logró el apoyo de todas las fuerzas políticas, aunque dos cordobeses presentaron disidencias.
Se unificaron distintos proyectos, entre los que se incluye uno de Ignacio García Aresca, alfil del gobernador Martín Llaryora, y el democristiano Juan Brügge; otro de Rodríguez Machado junto al jefe del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni; y otro de la radical Soledad Carrizo.
A pesar del amplio consenso alcanzado y de compartir el espíritu de la ley, Brügge y su par de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, firmaron el dictamen en disidencia debido a que el texto final no incrementa las penas mínimas, que se mantienen en tres años.
El proyecto del democristiano y García Aresca proponía elevar los mínimos de tres a cuatro o hasta cinco años, según el caso. Para Brügge, “es lo que piden los jueces y fiscales” para encarcelar a los responsables.