Martín Romeo, uno de los damnificados por la presunta estafa, recurrió ante la Cámara Federal la decisión del juez Martínez de Giorgi de apartarlo de la causa. La defensa acusa al magistrado de ignorar pruebas y justificar el colapso como una simple "volatilidad del mercado".
Martín Romeo, uno de los inversores afectados en la causa de la memecoin $Libra, apeló la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que lo excluyó —junto a otros cuatro aportantes— de su rol de querellante. La defensa, liderada por el abogado Nicolás Oszust, calificó el fallo de "arbitrario e ilógico", argumentando que causa un daño irreparable y contradice decisiones previas de la Cámara Federal que ya habían ratificado su legitimación procesal.
El apartamiento de los querellantes se dio tras un planteo de la defensa de uno de los imputados, Mauricio Novelli. Para justificar su decisión, el juez Martínez de Giorgi argumentó que las memecoins operan en un mercado de alta volatilidad y regulación limitada, donde el valor depende de la percepción de los participantes.
Sin embargo, la apelación rechaza este argumento de manera tajante, sosteniendo que el magistrado confunde los riesgos del mercado con "un plan criminal milimétricamente orquestado". Según los denunciantes, el colapso de $Libra no fue casual, sino un "Rug Pull" (tirón de alfombra) preprogramado. Afirman que 22 segundos antes de un tuit del presidente de la Nación —utilizado como una figura de "lavado de prestigio" para generar confianza—, 74 billeteras virtuales controladas por bots de los acusados realizaron compras masivas utilizando información privilegiada, lo que derivó en la extracción y vaciamiento de 44.5 millones de dólares.
La defensa también remarcó que el juez ignoró las actas notariales presentadas y los informes de la UFECI y la Policía Federal que corroboran la trazabilidad del fraude. Ahora, la Sala I de la Cámara Federal (integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) deberá resolver si devuelve o no el rol de querellantes a los inversores particulares.
La propuesta fue impulsada por el Gobierno de Córdoba, junto a universidades e instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar el liderazgo, la gestión, la planificación de proyectos, la comunicación y la sostenibilidad de las organizaciones.
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