Investigan al PAMI por incumplir la orden judicial de restituir la cobertura total de medicamentos

El director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, y el exdirector de la delegación Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, fueron imputados y citados a declarar en una causa penal que investiga delitos de desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos discriminatorios. La acción judicial responde a la negativa de la obra social estatal de acatar una orden emitida por la Justicia —a raíz de un amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)— que exigía la restitución del programa "Vivir Mejor", el cual garantizaba la cobertura automática e integral de medicamentos a jubilados y pensionados de todo el país.

El impacto de este desabastecimiento ya afecta gravemente a los afiliados, de los cuales unos 1,6 millones consumían con regularidad los fármacos recortados. Informes presentados ante la Cámara de Diputados alertan sobre graves demoras y trabas burocráticas para acceder a insumos de vital importancia, como tratamientos oncológicos, mientras los costos de los medicamentos de mayor consumo sufrieron incrementos de hasta un 900%. Esta disparidad entre los haberes previsionales y el valor de los productos farmacológicos genera un escenario crítico en el que la canasta básica para un adulto mayor supera el valor de una jubilación mínima.

A la problemática farmacéutica se le suma una marcada degradación en la red de asistencia médica. Representantes de clínicas y sanatorios privados advierten que los aranceles que abona la obra social registran un atraso inflacionario del 80% desde 2023, lo que torna inviable la prestación regular de servicios. Como consecuencia de este desfasaje presupuestario, diversos centros de salud privados en múltiples provincias debieron suspender prácticas complejas, cirugías e internaciones, sobrecargando un sistema sanitario público que ya se encuentra saturado.